La confirmación oficial de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas abrió una pregunta que el régimen todavía no responde: ¿quiénes son responsables de que un preso político muriera bajo custodia del Estado mientras su familia lo buscaba desesperadamente durante meses?
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El Ministerio para el Servicio Penitenciario admitió que Quero falleció en julio de 2025, pero el chavismo mantuvo silencio durante casi diez meses. Durante ese tiempo, Carmen Teresa Navas, madre del detenido, recorrió cárceles, tribunales, fiscalías y organismos públicos preguntando dónde estaba su hijo. La respuesta siempre fue la misma: silencio o negación.
Ahora, tras la revelación del caso, comienzan a surgir nombres y responsabilidades que organizaciones de derechos humanos, abogados y dirigentes opositores consideran imposibles de ignorar.
Uno de los primeros señalados es el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. Bajo su gestión, Víctor Hugo Quero permaneció detenido en Rodeo I sin que sus familiares recibieran información oficial sobre su situación. El Observatorio Venezolano de Prisiones exigió incluso su destitución inmediata y una investigación penal por el caso.
También aparecen bajo cuestionamiento las autoridades internas de Rodeo I. ¿Cómo ingresó Quero al penal? ¿Quién autorizó su traslado? ¿Cómo pudo permanecer recluido durante meses mientras oficialmente se negaba su presencia dentro del centro penitenciario? Hasta ahora no existe una explicación pública.
Así mismo, el foco comenzó a dirigirse hacia la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. La supuesta defensora Dionita Coronado dejó constancia en octubre de 2025 a Carmen Teresa Navas que Víctor Hugo Quero sí estaba recluido en Rodeo I.
Ese detalle cambió completamente la dimensión del caso. Si en octubre ya existía confirmación institucional sobre la presencia de Quero en el penal, entonces distintos organismos del régimen conocían su situación mientras públicamente se seguía negando información a la familia.
Las preguntas comenzaron entonces a multiplicarse. ¿Quién manejaba el expediente de Quero? ¿Quién ordenó mantener silencio? ¿Por qué el Ministerio Público no verificó personalmente la condición física del detenido luego de que existieran denuncias de desaparición forzada?
También surgen dudas sobre la actuación del exfiscal general Tarek William Saab y del exdefensor del Pueblo Alfredo Ruiz, quienes ocupaban esos cargos durante el período en el que Quero permaneció desaparecido oficialmente.
Además, hace apenas tres días un juez habría revisado el expediente de Quero para determinar que no calificaba para la Ley de Amnistía. Si eso ocurrió, entonces el sistema judicial seguía procesando administrativamente a una persona que ya estaba muerta desde hacía meses.
Entretanto, el Ministerio Público anunció una investigación penal y ordenó la exhumación del cadáver. Sin embargo, la presión pública ya no apunta únicamente a esclarecer la causa de muerte, sino también a determinar quiénes participaron en el ocultamiento del caso.
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