La muerte de Alex Pretti, el enfermero de 37 años acribillado por agentes federales el sábado el Mineápolis mientras protestaba pacíficamente, ha multiplicado las posibilidades de que el Gobierno de EEUU se vea obligado a echar el cierre de nuevo a finales de este mes, tal y como ya ocurrió en octubre. La razón es que entre el paquete legislativo que el Congreso tenía pensado aprobar en los próximos días está una provisión para aumentar la financiación del ICE, la agencia migratoria que se ha convertido en el instrumento principal de la administración para perseguir extranjeros.
Por El Mundo
Especialmente en Minnesota, donde en las últimas semanas dos norteamericanos han muerto por disparos y un venezolano resultó herido de bala en la pierna. El Partido Demócrata está avisando de que no va a aprobarlo bajo ninguna circunstancia, dejando en manos de la mayoría republicana la elección: retirar la propuesta sobre el ICE o ir a un nuevo ‘shutdown’ federal.
El caos político en EEUU es absoluto, y el ICE está en medio de todo.
El país está conmocionado por las imágenes, por lo que cada vez más voces califican de “asesinato” o “ejecución”. Y por la indefendible posición y frialdad del Ejecutivo. Hay un debate profundo y muy agitado sobre las agencias migratorias, por su disparatado presupuesto (se ha disparado por nueve en el último año), por sus métodos, por la falta de preparación de sus agentes o por la ideología de sus líderes. Y porque parecen tener carta blanca para hacer cualquier cosa, incluyendo matar. “Las víctimas son los agentes de la Patrulla Fronteriza. No culpo a los agentes de la Patrulla Fronteriza. El sospechoso se puso a sí mismo en esa situación, las víctimas son ellos” ha defendido este domingo Gregory Bovino, su jefe sobre el terreno.
El Gobierno de Donald Trump, a pesar de los muchísimos vídeos, grabados dese todos los ángulos posibles sobre lo ocurrido el sábado en las calles de Mineápolis, sigue enrocado, sosteniendo sin ningún tipo de prueba que Alex Pretti era un “terrorista doméstico” que quería “causar una masacre” entre los agentes federales. Ha cerrado filas con los agentes que abrieron fuego, igual que hizo con el que mató a Renée Good, una madre de 37 años con tres hijos, mientras conducía su coche. Han concluido, sin una investigación, que el hombre de Minnesota era una amenaza, que los agentes temían por su vida y que lo que hicieron fue apropiado.
Pero hay mucho más. El mismo sábado, en medio de una enorme conmoción, con las calles llenas de manifestantes a 20º bajo cero y mientras el gobernador Tim Walz activaba a la Guardia Nacional, la fiscal general del país, Pam Bondi, le envió una carta con una serie de exigencias muy llamativas. En un documento de tres páginas, lleno de reproches por lo que considera falta de cooperación con el ICE y por poner el riesgo a los agentes, Bondi, usando el estilo y lenguaje de Trump, le exige a Walz que “reinstaure el Estado de Derecho, apoye el ICE y acabe con el caos en Minnesota”. Para lo cual, le reclama que entregue “los registros de Medicaid y los programas de nutrición y alimentos” para que “el Gobierno pueda investigar el fraude”.
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