No queremos bonos. Queremos Constitución, salario y Democracia Total
El 1 de mayo de 2026, Día Internacional del Trabajador, Delcy Rodríguez anunció ante miles de chavistas congregados en Caracas que el «ingreso mínimo integral» subirá a 240 dólares mensuales. No dijo en cuánto quedará el salario mínimo base, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares —equivalentes hoy a menos de 30 centavos de dólar—. No porque se le haya olvidado: lo omitió deliberadamente. Porque el salario mínimo base genera derechos laborales: prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos, cotizaciones al seguro social. Los bonos, no. Y en esa distinción de dos palabras —ingreso versus salario— está escondida la mayor burla laboral de los últimos cuatro años.
La Confederación General de Trabajadores de Venezuela lo dijo sin rodeos en su comunicado del 1 de mayo: percibir ingresos en lugar de salario equivale a la pérdida progresiva de las prestaciones sociales, la reducción real de los aguinaldos y la afectación directa del derecho a la seguridad social a largo plazo. Con una frase que resume el sentimiento de millones, la CGT escribió: «Ingreso es igual a no tener un futuro». Y convocó a asambleas generales en cada puesto de trabajo para organizar la protesta desde la legalidad y la legitimidad. El dirigente Juan Pablo Guanipa fue más directo aún: «Los sueldos no van a crecer por decreto y la economía no va a recuperarse con un anuncio en la Gaceta Oficial». El embajador Edmundo González Urrutia, Presidente electo, por su parte, lo puso en términos que todos entienden: «Trabajar en Venezuela no garantiza vivir, y eso no es normal».
El contexto que rodea este anuncio hace la burla aún más evidente. Venezuela acumuló una inflación oficial del 71,8% solo en el primer trimestre de 2026. El economista Asdrúbal Oliveros advirtió que cualquier incremento salarial debe sustentarse en productividad real para no reencender la hiperinflación. La Organización Internacional del Trabajo, reunida en Caracas en su quinta sesión de Diálogo Social a finales de abril, urgió al Estado venezolano a aplicar sin demora el método consensuado en 2023 para la fijación del salario mínimo conforme al Convenio 26 de la OIT, que Venezuela ratificó. Cuatro años después, el método sigue sin aplicarse. El salario sigue sin moverse. Y Delcy Rodríguez anuncia bonos —sin incidencia en los pasivos laborales— y los llama «el aumento más importante en los últimos años». Mientras tanto, las transnacionales Chevron, Repsol, Eni, Shell y British Petroleum firman acuerdo tras acuerdo con Caracas. El dinero circula. Pero no le llega a quien trabaja.
Lo que el artículo 91 de la Constitución ordena y el régimen ignora
El artículo 91 de la Constitución Nacional de 1999 es inequívoco: todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Ese salario debe ser igual para trabajo igual, sin ningún tipo de discriminación. Y el Estado garantizará un salario mínimo vital que será ajustado cada año. No dice «ingreso mínimo integral». No dice «bonos de guerra económica». Dice salario. Y dice anualmente. Desde 2022 —cuatro años— ese mandato constitucional está siendo violado de manera sistemática y deliberada, primero por Maduro y ahora por quienes heredaron su estructura de poder. La Constitución que el chavismo redactó, aprobó y prometió defender es hoy el documento más incumplido del ordenamiento jurídico venezolano.
Pero lo más significativo de este 1 de mayo no fue el anuncio de Delcy Rodríguez. Lo más significativo fue la respuesta de los trabajadores. Porque los sindicatos y organizaciones gremiales independientes no se limitaron a rechazar la cifra. Fueron más lejos: exigieron que la solución al problema salarial pase por la restauración del Estado de Derecho y por un proceso de legitimación de los poderes públicos. Es decir: los trabajadores venezolanos entendieron, antes que muchos analistas, que un salario digno es imposible sin un sistema de justicia independiente, sin un poder electoral legítimo, sin un parlamento que represente de verdad a los ciudadanos. El trabajador venezolano no está pidiendo solo más dinero. Está pidiendo Democracia Total.
La misma dosis con distintas máscaras
Este anuncio salarial no puede leerse de manera aislada. Forma parte de la misma trama de simulación democrática que hemos venido denunciando en estas páginas. En las últimas semanas, la Asamblea Nacional que usurpa funciones legislativas designó a Larry Devoe como Fiscal General y a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo: dos fichas del rodriguismo en lugar de dos fichas del madurismo. Ahora se prepara la misma operación con el Tribunal Supremo de Justicia, del que ya fueron notificados de su jubilación seis magistrados afines a Cilia Flores. Y en paralelo, el anuncio salarial mantiene congelado el salario mínimo base mientras disfraza bonos sin incidencia laboral de «aumento histórico». El método es siempre el mismo: cambiar la forma para no cambiar el fondo, mover fichas sin mover el tablero, anunciar con fanfarria lo que en realidad es una continuidad con otro nombre.
La confesión más honesta de la semana vino, paradójicamente, de Diosdado Cabello, quien le echó un balde de agua fría a las expectativas salariales advirtiendo que el gobierno no puede imprimir dinero inorgánico para atender las demandas de los trabajadores. Tenía razón en el diagnóstico y mentía en el encuadre: el problema no es que no haya dinero. El problema es que el dinero que genera el petróleo venezolano no llega a los trabajadores porque el sistema está diseñado para que no llegue. Una economía donde el 80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, donde el salario mínimo equivale a 27 centavos de dólar y donde las empresas transnacionales firman contratos millonarios no tiene un problema de escasez. Tiene un problema de estructura, de institucionalidad y de voluntad política.
La propuesta de la sociedad civil organizada
El Programa de Organización Ciudadana, la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela y el Frente Amplio Profesional Internacional, junto a más de 25 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país, presentaremos en los próximos días una ruta de transición concreta para Venezuela. En materia laboral, esa ruta parte de un principio que no admite negociación: el salario mínimo debe ser fijado con base en la canasta básica real, con incidencia plena en los beneficios laborales establecidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, y mediante un mecanismo tripartito —Estado, empleadores y trabajadores— supervisado por la OIT, conforme al Convenio 26 que Venezuela ratificó. No se trata de fijar un número. Se trata de restituir un derecho. El sector sindical independiente ya propuso como punto de arranque 200 dólares de salario real. Esa cifra, con todos los beneficios laborales que genera, es el piso mínimo de dignidad que exige la Constitución.
Pero el salario digno no puede existir sin sindicatos libres. Y los sindicatos libres no pueden existir sin elecciones gremiales legítimas. Uno de los elementos centrales de nuestra propuesta de ruta es que la transición debe incluir un cronograma de elecciones en todos los organismos gremiales y sindicales del país —colegios profesionales, federaciones de trabajadores, asociaciones de jubilados y pensionados— que han visto sus directivas prorrogadas indefinidamente o intervenidas por el régimen. Esa legitimación gremial es parte inseparable de la Democracia Total que Venezuela necesita. Un sindicato sin elecciones no puede negociar salarios. Un colegio profesional sin elecciones no puede ejercer su función de control social. Una federación sin elecciones no puede representar a sus afiliados ante el Estado.
Este 1 de mayo, el trabajador venezolano demostró que no ha perdido la brújula. Que sabe distinguir entre un bono y un salario. Que entiende que detrás del problema del ingreso hay un problema de poder, de instituciones y de legitimidad. Ese trabajador —el médico que no puede comprar medicamentos, el maestro que dicta clases sin poder pagar el pasaje, el obrero que recibe bonos que no cuentan para su jubilación— es el mismo que el 28 de julio de 2024 votó masivamente por el cambio y cuyas actas el régimen se negó a reconocer. Su voz no ha cambiado. Su claridad no ha disminuido. Y la sociedad civil organizada está aquí para acompañarlo, organizarlo y traducir su justa exigencia en una propuesta que el país pueda exigir como ruta de transición real hacia la Democracia Total.
No queremos bonos que no generan derechos. Queremos salario que garantice vida digna. No queremos ingreso sin futuro. Queremos Constitución cumplida, poderes legítimos y Democracia Total.
Rafael Veloz García
Abogado Constitucionalista | Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas
Ex Presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) | Presidente Fundador de CONFEPUV
Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC)
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