Cualquier intento de reconstrucción económica y social en Venezuela será superficial y efímero si no se fundamenta en el restablecimiento pleno de la seguridad jurídica. Durante décadas, el país ha navegado en un mar de incertidumbres donde las reglas del juego han cambiado al capricho del poder político, asfixiando la iniciativa privada y ahuyentando los capitales que tanto necesitamos para modernizar nuestra infraestructura y generar empleos de calidad.
La seguridad jurídica no es un concepto abstracto reservado para los anaqueles de las facultades de derecho; es la confianza básica que permite a un ciudadano saber que su esfuerzo, su propiedad y sus contratos serán respetados por el Estado y protegidos por tribunales independientes. Sin este pilar, no hay inversión posible, pues nadie arriesga su patrimonio en un terreno donde el árbitro puede cambiar el marcador a mitad del partido según su propia conveniencia.
La erosión de la confianza institucional en nuestra nación ha sido un proceso sistemático que acompañó al modelo rentista y autoritario. Cuando el Estado se siente dueño de todo por el simple hecho de controlar el flujo de divisas petroleras, tiende a ver el derecho como un obstáculo y no como un marco de convivencia. Esta visión distorsionada llevó a una era de expropiaciones arbitrarias, controles de precios asfixiantes y una burocracia discrecional.
Esta gestión convirtió el acto de producir en una carrera de obstáculos legales y extorsiones solapadas. El resultado está a la vista: una industria diezmada y un campo abandonado porque el riesgo de producir superó con creces el beneficio de invertir. La enfermedad holandesa nos quitó la competitividad, pero la falta de seguridad jurídica nos quitó la voluntad de apostar por el país, dejando a la economía venezolana en un estado de parálisis total.
De este bache solo saldremos con un compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho. Para que Venezuela vuelva a ser un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera, debemos entender que el capital es cobarde por naturaleza; huye de la arbitrariedad y busca refugio donde las leyes son claras, estables y de aplicación universal. Restablecer la seguridad jurídica implica mucho más que aprobar nuevas leyes; requiere una reforma profunda.
Esta reforma debe garantizar que los jueces respondan a la Constitución y no a las directrices de un partido o de un ministerio. Un sistema judicial probo y eficiente es el mejor incentivo para el desarrollo, pues actúa como un seguro de vida para la propiedad privada y para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando un empresario sabe que tendrá un juicio justo y una sentencia basada en derecho, se atreve a soñar en grande y a invertir.
Al proyectar su negocio a diez o veinte años, se genera el horizonte temporal que requiere el progreso real. Asimismo, la seguridad jurídica es la herramienta más poderosa para combatir la corrupción que ha corroído nuestras instituciones. La discrecionalidad del funcionario público es el caldo de cultivo para la irregularidad; allí donde las normas son ambiguas o donde el permiso depende de la «voluntad» de quien firma, florece siempre el tráfico de influencias.
Al simplificar los trámites y darles un marco legal rígido y transparente, le devolvemos al ciudadano su autonomía y le quitamos al poder la capacidad de chantaje. Una Venezuela moderna debe aspirar a ser un país de leyes y no de hombres fuertes. El respeto a la propiedad privada debe dejar de ser visto como una concesión del gobierno para transformarse en un derecho sagrado, protegido por el Estado como base fundamental de la libertad individual.
El impacto de recuperar la certeza legal se sentiría de inmediato en todos los estratos de la sociedad. Para el pequeño comerciante de barrio, significa que su local no será cerrado por una inspección punitiva sin base legal. Para el agricultor, significa que la cosecha que sembró con tanto sacrificio no le será arrebatada por una interpretación antojadiza de la función social de la tierra. Y para las grandes empresas, significa que somos socios confiables.
La seguridad jurídica es, en esencia, la paz económica; es la garantía de que el mañana es predecible y de que las reglas que rigen nuestra vida económica no dependen del humor del gobernante de turno ni de las urgencias fiscales de un Estado quebrado. En Venezuela debemos discutir y acordar un gran acuerdo nacional que blinde las garantías económicas y que devuelva al Poder Judicial su majestad y su autonomía en el ejercicio de sus funciones.
La reconstrucción de Venezuela no vendrá de un nuevo milagro petrolero, sino de la confianza que seamos capaces de generar en el mundo y en nosotros mismos. Debemos demostrar que hemos aprendido la lección y que estamos listos para ser una nación seria, donde se cumple lo que se firma y se protege lo que se trabaja. Solo sobre este cimiento de piedra, que es la ley igual para todos, podremos levantar el edificio de una economía diversificada.
Este nuevo modelo debe ser moderno y resiliente para permitirnos dejar atrás, de una vez por todas, las sombras del rentismo y la improvisación. La seguridad jurídica es el camino hacia la dignidad ciudadana y el motor indispensable para que Venezuela vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones prósperas. Solo así garantizaremos que el esfuerzo de cada venezolano se traduzca en progreso real y duradero para todos.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
La noticia no descansa y nosotros tampoco