El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), a cargo de Abel Ernesto Durán Gómez, se ha convertido en un enorme embudo para los trámites relacionados con las organizaciones de la sociedad civil, según comentan tres fuentes conocedoras de la materia.
Por Pedro Pablo Peñaloza | Infobae
Desde organizaciones defensoras de Derechos Humanos hasta la patronal Fedecámaras chocan contra el Saren cuando tratan de inscribir o actualizar sus datos.
Los principales voceros de la sociedad civil organizada bautizaron esa norma como Ley Anti-ONG, señalando que la misma aplica serias restricciones para el funcionamiento y desarrollo de estas agrupaciones. El texto se promulgó en septiembre de 2024, en medio de las protestas que siguieron a la elección presidencial del 28 de julio de ese año.
El jefe del Saren, Durán Gómez, es primo de Delcy Rodríguez Gómez, según la ONG Transparencia Venezuela, cuya directora está en el exilio.
“Yo he intentado registrar cuatro fundaciones, una para fines culturales, dos para defensa de DDHH y otra para gestión social, y no le dan curso. Reciben el documento y te dicen que eso debe ir al Saren para que lo revise y le dé o no el visto bueno”, relata un abogado que prefiere resguardar su identidad.
¿Por qué rebotan las peticiones? “Una norma no escrita, básicamente que el Saren cree que estas asociaciones son para hacer política. Eso entra a una gaveta y no te dan respuesta, un comportamiento que se inscribe dentro de las restricciones y prohibiciones que impone el gobierno a la libertad de asociación”, contesta el experto.
Otro abogado y fundador de una ONG subraya que “en general, al margen de la Ley Anti-ONG, en los registros la norma es obstaculizar y retrasar lo más posible cualquier trámite”. En su caso, desde julio de 2025 espera una respuesta para completar el procedimiento que demanda la normativa.
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