
José Luis Rodríguez Zapatero va a grabar en las próximas horas un comunicado valorando su imputación. Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, el expresidente del Gobierno, que se encuentra actualmente en su domicilio particular, va a negar su implicación en una organización criminal tras ser imputado en el caso Plus Ultra. El expresidente busca así adelantarse al golpe mediático y judicial que supone ver su nombre salpicado en uno de los sumarios más oscuros de los últimos años. Además, este medio también ha podido conocer que durante este miércoles, Zapatero va a conceder varias entrevistas para «dar la cara».
Por theobjective.com
La onda de choque en la Audiencia Nacional ya es total. El juez José Luis Calama ha decidido dar el paso y colocar formalmente a Zapatero bajo el foco de la investigación por presunto tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. La cita para declarar ya está marcada en el calendario: el próximo 2 de junio. Además, el magistrado ha levantado el secreto de sumario, abriendo la caja de los truenos tras meses de prórrogas bajo llave.
El despliegue policial de esta mañana ha confirmado la gravedad del asunto. Agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) han acudido a la calle Ferraz para registrar el despacho del expresidente socialista, a solo unos metros de la sede central del PSOE. Pero la onda expansiva ha ido mucho más allá. La Policía también ha entrado a fondo en What The Fav, la empresa de marketing propiedad de las hijas de Zapatero, buscando rastros de los vínculos con la aerolínea. Los registros han alcanzado además a otras dos mercantiles: Inteligencia Prospectiva y Softgestor.
Los 53 millones del rescate de Plus Ultra
El nudo de la investigación apunta directamente a los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra como rescate durante la pandemia. El juez sospecha que esa inyección de dinero público no fue casual, sino fruto de la influencia de Zapatero a cambio de fondos canalizados a través de Julio Martínez, presidente de la aerolínea y amigo personal del expresidente. Martínez ya fue arrestado en diciembre junto al CEO Roberto Roselli en una primera fase del caso que arrancó en los juzgados de Plaza de Castilla y que ha terminado explotando en la Audiencia Nacional. La trama es tan internacional que las órdenes de detención del juez llegaron hace meses hasta la isla caribeña de Aruba.
La Fiscalía Anticorrupción, que originó la causa, sostiene que esos 53 millones de dinero público tuvieron un «uso indebido». Lejos de servir para reflotar la compañía, el dinero se habría utilizado para devolver préstamos a una supuesta red criminal internacional asentada en Francia, Suiza y España, integrada por ciudadanos extranjeros y abogados especializados en blanqueo.
Lo más turbio es el origen de esos fondos. Según el Ministerio Público, el dinero procede de la malversación de altos cargos chavistas en Venezuela, concretamente de los fondos de los programas de alimentos subsidiados (CLAP) y de ventas opacas de oro del Banco de Venezuela. Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con empresas de esta red para camuflar el retorno del dinero al extranjero justo después de recibir el auxilio del Estado español. Un entramado de lavado que, según los investigadores, incluye desde desvíos a cuentas en Panamá hasta operaciones con lingotes en Emiratos Árabes y la compra de relojes de lujo.

