En enero, en un vuelo hacia su club de Florida, Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump reflexionó sobre su demanda de 10.000 millones de dólares contra el IRS (Servicio de Impuestos Internos, por su sigla en inglés): “Se supone que tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo”, dijo.
Por Adam Liptak | The New York Times
Trump es un negociador duro y, al mirarse en el espejo, se enfrentaba a un adversario igual de tenaz. Pero el presidente consiguió llegar a un acuerdo consigo mismo el lunes, tan novedoso y osado como el proceso que lo originó.
Abandonó su demanda y obtuvo de su propio gobierno la promesa de crear un fondo de 1800 millones de dólares para repartir entre sus aliados políticos. Un día después, en un curioso apéndice, Todd Blanche, exabogado de Trump y fiscal general en funciones, pretendió inmunizarlo frente a demandas derivadas de muchas cosas, entre ellas sus obligaciones fiscales.
El gobierno de Estados Unidos, escribió Blanche, queda “prohibido para siempre y precluido” de entablar demandas contra Trump que impliquen una “guerra legal y/o instrumentalización” o declaraciones de impuestos.
Todo el asunto significó una convulsión para la comprensión convencional del sistema constitucional estadounidense, y ha planteado lo que, según expertos legales, eran profundas dudas sobre el poder presidencial. Dijeron que, si se permite que se mantenga el acuerdo, Trump habrá conseguido frustrar simultáneamente el poder presupuestario del Congreso y la capacidad de los tribunales para vigilar la separación de poderes.
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