Al menos 23 años debieron pasar para que la escena con la que ella siempre soñó ocurriera. María del Pilar Pertiñez, mejor conocida como Bony, abogada y exesposa del excomisario Iván Simonovis, vio a través de la pantalla de su celular, salir de la cárcel a Héctor Rovain, Erasmo Bolívar y Luis Molina: los tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM), considerados los presos políticos con más tiempo tras las rejas en la historia reciente de Venezuela.
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Ellos fueron excarcelados el pasado 19 de mayo. Salieron del Centro Penitenciario Fénix (estado Lara) bajo libertad condicional, con la cabeza rapada, rostros envejecidos y una carga de traumas que el fin del cautiverio no puede borrar de un plumazo.
“Yo conocí a Erasmo Bolívar cuando tenía 26 años. Hoy es un hombre de 50 años. Dejó a su hija de un año, y ella acaba de pasar su cumpleaños número 20. Aún no ha podido ver a sus nietos”, relata Pertiñez en una conversación que transita entre el análisis técnico de un expediente viciado y el desgarrador testimonio de tres familias que sobrevivieron al ensañamiento de un sistema judicial corrupto y apoyado desde las altas esferas del poder.
Para la defensa, la excarcelación de los policías bajo una supuesta “medida humanitaria” dictada por un tribunal de Maracay en el estado Aragua, no es un acto de justicia, sino una decisión tardía y eminentemente política. Ninguno tiene libertad plena. Al igual que los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, quienes recibieron medidas humanitarias previas por su crítico estado de salud, los Policías Metropolitanos sufren ahora de una “muerte civil”.
Están inhabilitados políticamente, no pueden votar, están anulados como seres humanos y, en casos extremos como el de Forero, ni siquiera pueden vender sus bienes para costear el tratamiento del cáncer de próstata que padece. “Ellos no existen para el Estado”, sentencia la abogada.
La gran deuda del 11 de abril
Al mirar en retrospectiva el proceso judicial más largo en la historia de Venezuela, Pertiñez no duda en calificarlo como una farsa diseñada desde el poder público. Aquel 11 de abril de 2002 dejó un saldo de 19 fallecidos y más de 200 heridos en el centro de Caracas.
Hubo investigaciones contra la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y contra los civiles armados conocidos como los “pistoleros de Puente Llaguno”. Ambas causas concluyeron en absoluciones. La única que derivó en la pena máxima de 30 años fue la de los funcionarios de la Policía Metropolitana.
“Hay una gran deuda pendiente, porque nunca se logró determinar la verdad integral de lo que ocurrió ese día”, afirma Pertiñez. “No hubo imparcialidad ni independencia judicial. Se valoraron las pruebas de forma anticientífica. Jamás se pudo demostrar la individualización de las responsabilidades”.
La abogada desempolva datos demoledores del expediente: la propia experta balística de la Fiscalía, Haifa El Aissami, admitió en el juicio que ninguno de los proyectiles extraídos de las víctimas pudo ser vinculado a las armas de los funcionarios acusados. No existía relación de causalidad. Tampoco se demostró que los comisarios dieran la orden de disparar. “Le pregunté directamente a Marcos Chávez, jefe de la comisión técnica de la policía: ‘¿Usted pudo individualizar la voz de los comisarios dando órdenes de matar?’ Su respuesta fue un rotundo no”.
Arquitectura del ensañamiento
La crónica de este juicio es también el reflejo de la influencia política en el sistema judicial venezolano. El caso fue radicado en Maracay, porque allí el entonces fiscal general, Julián Isaías Rodríguez Díaz, gozaba de un enorme poder. La acusación inicial la presentó Luisa Ortega Díaz, quien había trabajado estrechamente con Rodríguez y que luego encabezaría la Fiscalía General de la República.
La coordinación del grupo fiscal quedó en manos de Haifa El Aissami, hermana de Tareck El Aissami, una figura en vertiginoso ascenso político en ese momento, pero que en la actualidad está en prisión, puesto tras las rejas por el propio chavismo.
Los ascensos para quienes ejecutaron el castigo no tardaron en llegar: el juez de control fue promovido a la Corte de Apelaciones; la jueza que los condenó, Marjorie Calderón, escaló hasta el Tribunal Supremo de Justicia; y Maikel Moreno, quien fue defensor de los pistoleros de Puente Llaguno, terminó siendo el juez que detuvo a Iván Simonovis.
La confirmación de que todo era una sentencia prefabricada llegó en 2012, cuando el exmagistrado Eladio Aponte Aponte confesó desde el exilio que recibió órdenes directas del Ejecutivo Nacional para causarles el mayor daño posible. Sin embargo, la verdad llegó tarde para los tribunales venezolanos. “Interpusimos recursos de revisión ante el TSJ tras esa confesión, pero todas nuestras incidencias y apelaciones fueron declaradas inadmisibles de forma sistemática”, recuerda Pertiñez.
Chivos expiatorios de una revolución
“Héctor Rovain, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas nunca estuvieron presos por lo que hicieron, sino por lo que representaban”, afirma la abogada. Sostiene que con ellos se inauguró formalmente la era de la persecución política en la Venezuela contemporánea, en un momento donde el país apenas contaba con unos 30 presos políticos.
Se convirtieron en el “chivo expiatorio” de Hugo Rafael Chávez Frías y de un sistema judicial de rodillas, utilizado para sepultar las investigaciones del 11 de abril de 2002 y enviar un mensaje ejemplarizante a la oposición: si se atreven a disentir, esto es lo que les va a pasar.
Para mantener la narrativa, el Estado les negó durante más de una década las medidas alternativas de cumplimiento de pena (como el destacamento de trabajo o la presentación periódica) que por ley les correspondían al cumplir el primer tercio de la condena. Los tribunales de ejecución se escudaban en el argumento de que se trataba de “violaciones graves a los derechos humanos”, a pesar de que los policías fueron juzgados y sentenciados por delitos comunes de homicidio y lesiones.
El horror tras las rejas
Detrás de los titulares de prensa y los debates jurídicos, está el calvario de los cuerpos y las mentes. Durante dos décadas de reclusión entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la cárcel militar de Ramo Verde y el Centro Penitenciario Fénix en el estado Lara, las violaciones a los derechos humanos fueron la norma.
María del Pilar Pertiñez recuerda la crudeza del aislamiento: “Iván (Simonovis) pasó casi diez años en el Sebin y en ese tiempo solo recibió diez días de sol”. Evoca los castigos en celdas conocidas como “tigritos”, porque Simonovis osó postularse a la Asamblea Nacional (AN) en 2010, y el ensañamiento que sufrió ella y sus hijos pequeños durante las visitas a la cárcel. Las requisas eran degradantes, profundas y humillantes, incluso, contra la madre de Bony.
El acoso traspasó los muros de las cárceles. La casa de la familia Simonovis-Pertiñez fue atacada con piedras y una bomba molotov contra la única puerta de entrada, lo que obligó a tramitar medidas de protección internacional. En los penales, mientras los reclusos estaban en el tribunal, las autoridades destruían sus celdas y pertenencias sin presencia de defensores.
La salud fue otra arma de reclusión. Bony relata cómo un diagnóstico errado de un médico militar cubano casi le cuesta la vida a Simonovis en Ramo Verde, obligándolo a una operación de emergencia a medianoche en la que a ella se le impidió participar en las gestiones médicas.
El acceso a odontólogos y oftalmólogos era una quimera. Erasmo Bolívar sufrió graves daños en la visión sin atención oportuna, y el comisario Henry Vivas y Lázaro Forero vieron deteriorarse sus cuerpos irreversiblemente. Forero desarrolló cáncer de próstata tras pasar años en rutinas donde se les prohibía ir al baño hasta por 12 horas continuas.
Las cicatrices invisibles
A pesar del júbilo y los abrazos de los familiares tras las excarcelaciones de Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovain, la abogada advierte que el verdadero proceso de sanación comienza ahora, cuando la dicha por la libertad condicional poco a poco va cediendo espacio a los traumas psicológicos.
“Las heridas emocionales se ven después. Ahora hay mucha alegría, pero luego viene el estrés postraumático. En nuestra familia las secuelas han sido muy duras. Nosotros, por ejemplo, no nos llamamos por teléfono con frecuencia, porque durante una década cada llamada significaba una mala noticia. Estuvimos almorzando frente a un baño durante 10 años en las visitas. Hoy en día, yo no puedo entrar a un restaurante y sentarme viendo hacia un baño. No soportó el encierro”, confiesa.
Para la jurista, el caso del 11 de abril sigue siendo una herida abierta y una de las mayores aberraciones políticas del país. Considera que el futuro debe albergar un recurso de revisión exhaustiva, una comisión independiente e imparcial que llame a declarar a los antiguos fiscales y magistrados para establecer la verdad y abrir paso a reparaciones civiles y patrimoniales.
Sin embargo, aclara que el dinero no devuelve el tiempo. El objetivo final es la reivindicación moral y la memoria histórica. “Lo que queremos es el esclarecimiento de lo que pasó. Este caso marcó un punto de inflexión en la destrucción de la independencia judicial en Venezuela. Tengo fe en que este hito servirá para que nunca más se repita, para que nunca más la justicia sea una herramienta política utilizada para condenar a inocentes”.
Bolívar, Molina y Rovain, lo único que hicieron fue defender a ciudadanos que expresaron su derecho a no querer más a un presidente en el poder. Los Policías Metropolitanos son el ejemplo más descarnado de lo que hoy la sociedad venezolana sigue padeciendo: las consecuencias de una “revolución” que se convirtió en instrumento de venganzas personales.
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