Lapatilla
Vivir sobre la mayor reserva de petróleo del planeta debería ser, sobre el papel, una garantía de prosperidad. Sin embargo, para las comunidades rurales de Venezuela que cohabitan con los taladros y las estaciones de flujo, la realidad es radicalmente distinta. Si alguien se pregunta si las regalías petroleras llegan hoy a los pueblos donde se extrae ese crudo, la respuesta corta y cruda es un rotundo no. No llegan de forma directa, ni diferenciada, ni proporcional.
Venezuela padece un modelo de centralismo asfixiante. Hubo un tiempo en que la legislación venezolana intentó hacer justicia con sus regiones. Leyes hoy extintas, como la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), obligaban legalmente al poder central a transferir un porcentaje directo de las regalías a los estados y municipios productores —como Zulia, Anzoátegui o Monagas— para asegurar que la riqueza del subsuelo financiara escuelas, hospitales y carreteras locales.
Pero ese principio de justicia territorial fue desmantelado. Las reformas legales y políticas de las últimas décadas diluyeron esos mecanismos de distribución local, borrando del mapa cualquier derecho de exclusividad o prioridad para las zonas productoras.
Según la vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos, la regalía petrolera está fijada en % por el volumen extraído
. El problema no es el porcentaje; es el destino. Hoy, el 100% de ese dinero viaja directamente a las arcas del Fisco Nacional en Caracas. Todo va a la capital; nada se queda en el origen.
Para maquillar esta centralización, el Estado venezolano creó estructuras como el Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). A través de ellos, y mediante mecanismos recientes como las “Consultas Populares Nacionales”, el Ejecutivo central asigna fondos directamente a Consejos Comunales y Comunas para proyectos específicos de agua, electricidad o infraestructura escolar.
A primera vista, hoy los que conducen el Estado defiende este sistema como una democratización de los recursos. Sin embargo, la trampa técnica y política es evidente: estos fondos provienen de una bolsa de presupuesto general manejada discrecionalmente desde Caracas. No son, bajo ningún concepto, una regalía directa ni proporcional a los barriles que produce el suelo rural de esa comunidad. Si un pueblo multiplica su producción petrolera, su presupuesto local no aumenta; sigue dependiendo del filtro y la voluntad del poder central.
El resultado de este diseño institucional es una de las paradojas más desgarradoras de la economía contemporánea.
Comunidades rurales en la Faja Petrolífera del Orinoco (Anzoátegui y Monagas) o en la Costa Oriental del Lago (Zulia) sobreviven hoy en condiciones de pobreza extrema.
Es un paisaje de contrastes perversos: familias rurales que sufren cortes eléctricos crónicos, que no tienen agua potable por tuberías y que cocinan con leña por la escasez de gas de bombona, todo esto mientras ven de fondo el humo de los mechurrios quemando el gas sobrante de la industria.
Las comunidades rurales venezolanas se han quedado con lo peor de los dos mundos. Soportan los pasivos ambientales, los derrames que contaminan sus tierras agrícolas, vialidad , servicios públicos y el impacto social de la actividad extractiva, pero han sido despojadas del beneficio económico que legítimamente les correspondía por derecho de suelo. Mientras las regalías sigan atrapadas en el laberinto burocrático y político de Caracas, el subsuelo de la Venezuela rural seguirá siendo inmensamente rico, y sus habitantes, trágicamente de bajos recursos
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