El juez Juan Carlos Peinado cita para el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, su asesora en Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés para la celebración de la audiencia preliminar a la que seguirá la decisión de enviarles o no a un juicio con tribunal popular, según consta en un nuevo auto de este pasado lunes al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Por larazon.es
El instructor del caso les advierte de que “deberán comparecer personalmente los tres acusados”, a las 11:00 horas, y les apercibe ya “expresamente” de que pueden ser conducidos ante los juzgados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tal y como recoge la Ley del Tribunal del Jurado, una vez concluya la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes, el magistrado tendrá que dictar un acto en el que decidirá finalmente si les manda o no al banquillo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid adelanta, además, la posibilidad de que durante esta audiencia pueda imponerle “alguna medida cautelar de carácter personal” a la esposa de Pedro Sánchez, a su asistente Cristina Álvarez o al empresario Barrabés.
Estas cautelares serían adoptadas por el juez Peinado con el objeto de “evitar o minimizar el riesgo de que traten de eludir la acción de a Justicia”, teniendo en cuenta “los delitos” de los que están acusados y “dada la extensión de la pena que pudiera serles impuesta”. “Lo que podría provocar alguna conducta por parte de alguna”, valora en su resolución.
A este señalamiento tendrán también que acudir el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares unificadas, que lidera Hazte Oír, así como el letrado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en calidad de acusación particular, en calidad de perjudicada por el delito de apropiación indebida del software de la cátedra por parte de la mujer del presidente del Gobierno.
La acción popular solicita que a la esposa del líder del PSOE le sea impuesta una sentencia a 24 años de prisión por tres delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida del programa informático de la UCM.
Respecto a la alto cargo de Presidencia del Gobierno se pide una condena a 22 años de cárcel por malversación continuada de patrimonio público y, en concepto de cooperadora necesaria, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación del software. Para el empresario Barrabés se reclama una pena de seis años de encarcelamiento por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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