La instrucción judicial dirigida por el magistrado José Luis Calama que mantiene investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cerca las presuntas irregularidades acerca del rescate de Plus Ultra que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea en marzo de 2021 conlleva una «especial complejidad».
Por larazon.es
Por un lado, porque el rastro de la ayuda estatal concedida a la aerolínea se ha perdido, al menos, en cinco países del extranjero mediante un complejo entramado societario que incluye mercantiles off-shore y que los imputados crearon, precisamente, para dificultar la trazabilidad de los fondos o «blanquearlos».
Y, por otro lado, porque la supuesta organización criminal se caracteriza, según el juez instructor, por «su opacidad, el uso de mecanismos de ocultación patrimonial y la intervención de terceros interpuestos».
En uno de los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) e incorporado al sumario judicial al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los investigadores aseguran que parte de los 53 millones de euros estatales que la aerolínea recibió fueron transferidos al extranjero hacia cuentas de entidades vinculadas tanto a la presunta organización criminal como con el entorno societario de Plus Ultra.
La Fiscalía Anticorrupción recibió, de hecho, una denuncia, cuyo motivo central estaba relacionado con la desviación indebida de esos 53 millones de euros y que, presuntamente, fueron utilizados para otros fines.
«En efecto, se han detectado salidas de dinero desde dichas cuentas –en referencia a los depósitos bancarios del investigado y accionista de la aerolínea Rodolfo Reyes– con destino a cuestas bancarias en el extranjero a favor de sociedades gestionadas por el ciudadano holandés residente en Suiza, Simon Verhoeven, investigado por la Fiscalía de Ginebra», reza el documento.
En concreto, se detectaron «pagos irregulares» a las sociedades Alipa Wira Trading Ltd (Reino Unido), Allpa Wira Trading AG (Suiza), Valerian Corporation (Gibraltar) y Wailea Investment (Reino Unido), abonados en cuentas en bancos de Reino Unido, Gibraltar, Suiza, Isla Mauricio, Montenegro, Malasia y Puerto Rico.
Por ejemplo, hay constancia de dos pagos desde la cuenta receptora de la ayuda estatal por un importe total de 920.870 euros a favor de una sociedad en Reino Unido y otros tantos apenas después de un mes de recibir el citado rescate a mercantiles dedicadas al tráfico internacional de oro venezolano y ya investigadas por las autoridades helvéticas.
El informe sostiene además que el entramado utilizó sociedades radicadas en distintos países y jurisdicciones offshore para canalizar dinero y simular operaciones económicas con «apariencia de legalidad». La investigación ha podido constatar la existencia de diversas facturas emitidas por mercantiles ubicadas en paraísos fiscales como Islas Caimán y Panamá, entre otras, por importes relevantes, y sitúa parte de otros movimientos financieros en países como Suiza o Emiratos Árabes Unidos.
Se trata de cuestiones que concuerdan con la decisión del magistrado Calama de abrir una pieza separada del caso para rastrear los movimientos bancarios y financieros de la trama en el extranjero. El foco de estas transferencias se centraría también en Venezuela, China y Dubái, aunque los agentes no destacan la aparición de nuevos sitios, e implicaría hasta casi una cuarentena de sociedades; todo ello después de que el juez constatara las ramificaciones de carácter internacional y las operaciones financieras de especial complejidad que la presunta organización criminal llevó a cabo.
Cabe recordar que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) del que salieron los créditos estatales fue aprobado tan solo un día después de una cita «clave» entre altos cargos del departamento que entonces dirigía José Luis Ábalos –como, por ejemplo, el exsecretario de Estado Pedro Saura– y directivos de Plus Ultra.
Tan solo cinco días más tarde, se reunieron el investigado y amigo íntimo de Zapatero, «Julito Martínez» y el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, para firmar el contrato de asesoramiento entre Análisis Relevante –la consultora de Julio Martínez que pagó a Zapatero 490.780 euros y 239.755 a la empresa de sus hijas– y Plus Ultra por 6.050 euros mensuales durante doce meses.
Para Calama, esa secuencia temporal revela «la sincronía temporal entre las gestiones de influencia y la formalización de los contratos». Asimismo, los pagos de la compañía aérea a Análisis Relevante comienzan el 5 de mayo de 2020, un día después de que los investigados se refieran a una reunión «clandestina» con un contacto de la SEPI.
El mensaje: «Zapatero aquí manda»
Los directivos de Plus Ultra, apunta la investigación, eran conscientes según la UDEF «de la red de contactos e influencias» del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Así los plasma el exconsejero de la compañía aérea Rodolfo Reyes en una conversación con el entonces vicepresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, haciendo expresa referencia a su influencia en Venezuela. «Zapatero aquí Manda», le traslada el 5 de diciembre de 2020 con vistas a las gestiones con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela por problemas con los vuelos de la aerolínea.
La noticia no descansa y nosotros tampoco