Francisco Orellano murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO), ubicado en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente.
Con su fallecimiento, que ocurre en medio de una crisis penitenciaria donde enfermar dentro de una cárcel puede convertirse en una sentencia de muerte, ya son 18 las personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del régimen venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026.
En Venezuela, cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados, mientras los traslados hospitalarios suelen llegar tarde o simplemente nunca ocurren.
En las últimas semanas, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), hemos documentado las muertes de José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías y ahora Francisco Orellano.
Estas muertes constituyen una grave violación de la Constitución, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado, mientras que el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Asimismo, el artículo 46 consagra el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y exige que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a su dignidad humana.
Ahora bien, frente a esta cadena de muertes también resulta inevitable preguntarse: ¿dónde está la Defensora del Pueblo Eglée González Lobato? ¿Dónde está la institución llamada a velar por la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones sigue siendo inexistente o insuficiente.
Una vez más, desde el OVP advertimos que cuando un preso muere por falta de atención médica, abandono institucional o condiciones incompatibles con la vida, no solo fracasa el sistema penitenciario, sino que también fracasan los mecanismos de protección y control que tienen el deber de actuar para evitar estas tragedias.
Cada una de estas muertes exige una investigación, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y responsabilidades concretas para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran.
Observatorio Venezolano de Prisiones
