No fue una sentencia más. La decisión de la jueza Verónica Noemí Giardinella Martorelli, en el Palacio de Justicia de Monagas, devolvió a la escena un expediente que toca una de las fibras más sensibles del poder en Venezuela: la seguridad de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. Seis años después de las detenciones, siete de ocho acusados fueron condenados por la supuesta planificación de su secuestro, en un proceso que combinó acusaciones de terrorismo, referencias a una recompensa ofrecida por Estados Unidos y serias dudas sobre la consistencia de las pruebas.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
El juicio duró seis años y concluyó con la condena para siete de los ocho de la causa, por delitos de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en la modalidad de comercialización, asociación para delinquir y organización de cuerpos armados.
La versión del Ministerio Público sostuvo que nueve personas habrían coordinado el secuestro de Cabello para entregarlo a Estados Unidos y cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia por presuntos delitos de narcotráfico.
La acusación convirtió el caso en algo más que un expediente penal: lo insertó en la narrativa oficial sobre amenazas externas, conspiraciones y ataques dirigidos contra figuras clave del chavismo. Para ese momento, Cabello era diputado constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), además de una de las voces más influyentes del poder oficial.
Luego de conocerse la sentencia, familiares de los detenidos manifestaron su rechazo. Irianny Lezama le dijo al medio Maturín News que, de no rectificarse la medida, las madres de los enjuiciados se declararán “en huelga de hambre”.
La Fiscalía situó el origen de la investigación entre el 28 y 29 de marzo de 2020. De acuerdo con esa versión, Luis Eduardo Villarroel Caña, quien finalmente fue absuelto, recibió un mensaje de WhatsApp en el que se leía: “Luis, ya tengo el personal estratégico y el armamento para atrapar a Dios; solo falta confirmar dónde resguardarlo hasta la entrega…”.
Ese mensaje fue suficiente para que Ingris Dioselina Bermúdez, fiscal primera provisional de Monagas, considerara válida una investigación y ordenara la detención de Villarroel, un empleado de Petróleos de Venezuela, por un caso que el Ministerio Público calificó como un “ataque terrorista” cuyo fin era capturar “vivo o muerto” al dirigente chavista.
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