El capital saqueado extingue la deuda que engendró. Sin excusas, tácticas dilatorias, refugio en travesuras técnicas, tratados de reciprocidad o el cobarde agrado a la burocracia arbitral, es aceptable. El desfalco es tan grotesco, que cualquier desviación constituye complicidad criminal. Recuperar el patrimonio expoliado para saldar la deuda pública no es opción política; es un imperativo moral innegociable. Quienes pretendan cobrar sin antes exigir la devolución del pillaje, incurren en lavado de activos, encubrimiento y crimen de Lesa Humanidad.
Venezuela no padeció una crisis económica incidental; fue desangrada con la impudicia propia de una cleptocracia sin escrúpulos. Mientras una generación aprendía a digerir el hambre; la casta política, sus cómplices y buhoneros internacionales, convirtieron la mayor renta de nuestra historia en un agujero negro de miseria. El dinero existe. La deuda también. Que se extingan mutuamente.
Organismos de inteligencia financiera han rastreado al menos 300 mil millones de dólares vinculados a la corrupción de políticos, militares, empresarios, ministros, testaferros y rufianes diseminados en múltiples jurisdicciones. Cifra enorme que supera con creces el saldo total de la deuda externa. Coincidencia macabra que, mientras se diserta la “reestructuración de la deuda” en salones diplomáticos, elegantes oficinas de ladinos y comerciantes de la infelicidad; los bienes confiscados al régimen duermen el sueño de los justos en depósitos judiciales sin destino claro para la República.
La ecuación es de una simpleza que insulta. Incáutese lo robado, subástese, y aplíquese el fruto directamente a liquidar la deuda. Ni nuevos impuestos, ni más sacrificios para una población que ya entregó hasta la última gota de su dignidad. Ni un céntimo ciudadano. El desfalco debe cubrir la infamia, y lo sobrante asignarlo a infraestructura, educación, salud, servicios públicos.
Exigirle a una nación exprimida que honre obligaciones que sus verdugos contrajeron mientras violaban sus Derechos Humanos no es realismo económico; es sadismo, perversión y crueldad financiera. La única respuesta moral, ética y de justicia, es que lo substraído se aplique a la deuda. Y, alcanzar este objetivo, exige crudeza que la diplomacia actual se empeña en maquillar.
La solución requiere una comisión amplia de incautación provista de autoridad y libre de burocracia judicial. Cada activo identificado debe ser vendido al mejor postor, y su producto destinado a un fondo de amortización administrado por un tribunal independiente, con observadores imparciales de la sociedad. La deuda del oprobio se cancela con lo robado.
El pundonor precisa nombrar a coautores, partícipes y encubridores. Quienes adquirieron títulos venezolanos con obscenos descuentos, a sabiendas que serviría para reprimir ciudadanos o comprar lealtades, no son acreedores legítimos; son especuladores de la agonía y sufrimiento. El capital recuperado debe emplearse para adquirir esa deuda en el mercado secundario a su valor real, jamás al nominal y extinguirla. ¿Protestarán los fondos buitre? Que lo hagan desde la cárcel. El derecho inalienable a la reparación es superior a la deleznable usura.
Ya ocurrió en Nigeria con el dinero recuperado de la dictadura de Sani Abacha. Pero, Venezuela requiere una cirugía mayor. Quienes se nieguen a cooperar enfrentarán el aislamiento y repudio de la comunidad decente. Ninguna entidad en jurisdicciones aliadas debe retener activos robados sin enfrentar sanciones severas. Instituciones financieras de renombre mundial ya pagaron multas millonarias por lavado de dinero venezolano, pero ese castigo representa menos del uno por ciento de lo que realmente encubrieron. La sanción inmediata es la incautación.
No es retórica; es derecho positivo. La Convención de la ONU contra la Corrupción establece el decomiso como obligación y permite la recuperación directa de bienes. Cuando un tribunal falla a favor de quien reclama deuda sin devolver el dinero sucio, es ilegítimo e inmoral.
Venezuela no saldrá del foso fiscal con recortes sociales ni la humillación de nuevos préstamos. Resurgirá cuando la comunidad nacional e internacional tenga el coraje de obligar que el botín en dominio de ladrones, sea la única moneda para saldar la deuda. La justicia debe ser implacable, que el saqueo pague su propia cuenta.
Si alguien propone negociar sin antes haber congelado cada cuenta sospechosa en el mundo, sepa que es cómplice. Y como tal, será juzgado por la historia. Castigar a delincuentes y ladrones, es la verdadera reestructuración, la garantía de un futuro de excelencia.
@ArmandoMartini
