La corrupción en Venezuela dejó de ser hace mucho tiempo una simple discusión sobre dinero perdido en contratos públicos. Para Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, la corrupción es una estructura compleja que destruyó instituciones, profundizó la pobreza, debilitó la democracia y convirtió la impunidad en una política de Estado.
Durante una extensa conversación en el podcast Una Conversa, De Freitas abordó algunos de los temas más sensibles de la actualidad venezolana: la opacidad sobre los ingresos petroleros, la reestructuración de la deuda externa, la recuperación de activos robados en el extranjero, el futuro del caso Alex Saab y los desafíos que enfrentará un eventual proceso de reconstrucción institucional en Venezuela.
De la prevención a la investigación
Transparencia Venezuela nació hace más de dos décadas vinculada a la red global de Transparencia Internacional. En sus primeros años, la organización trabajó directamente con alcaldías, instituciones públicas e incluso organismos del sistema judicial para promover mecanismos de transparencia y fortalecimiento institucional.
Sin embargo, el progresivo cierre de espacios democráticos en Venezuela obligó a cambiar completamente su estrategia.
Según explicó De Freitas, la radicalización política y la concentración de poder hicieron imposible continuar colaborando con las instituciones públicas. A medida que el acceso se cerraba, Transparencia Venezuela se transformó en un centro de investigación dedicado a documentar los mecanismos de corrupción, identificar operadores, rastrear redes y exponer las conexiones entre actores políticos, económicos y financieros.
El resultado ha sido la construcción de una de las mayores bases de datos sobre corrupción venezolana dentro y fuera del país.
Aquí puedes ver la entrevista completa en YouTube:
La impunidad como motor del sistema
Uno de los puntos centrales de la conversación fue el papel del sistema judicial.
Para De Freitas, la corrupción en Venezuela no puede entenderse sin la existencia de un aparato judicial subordinado al poder político. La ausencia de independencia judicial ha permitido que las redes corruptas operen durante años con la certeza de que no enfrentarán consecuencias.
Pero el problema trasciende las fronteras venezolanas.
La directora de Transparencia Venezuela explicó que, en muchos casos, investigaciones internacionales contra presuntos responsables de corrupción terminan encontrando obstáculos porque las autoridades venezolanas no cooperan con las solicitudes de información. En otras ocasiones, las instituciones controladas por el régimen emiten documentos que certifican el cierre o sobreseimiento de causas internas, dificultando procedimientos judiciales en otros países.
La consecuencia es una impunidad que se proyecta internacionalmente y protege a quienes han participado en esquemas de corrupción de gran escala.
El misterio de los fondos petroleros
Uno de los temas más polémicos abordados durante la entrevista fue el manejo de los recursos derivados de los acuerdos petroleros recientes.
De Freitas reconoció que existe una enorme opacidad sobre el destino de esos fondos.
Aunque autoridades estadounidenses han confirmado públicamente la existencia de mecanismos de control para ciertos ingresos relacionados con Venezuela, todavía persisten numerosas interrogantes sobre cuánto dinero ha ingresado, cuánto petróleo se ha comercializado, a qué precios se vende y cómo se distribuyen finalmente esos recursos.
La organización ha enviado solicitudes de información tanto a autoridades venezolanas como a organismos internacionales, sin obtener respuestas satisfactorias.
Las preguntas son simples pero fundamentales: ¿cuánto dinero existe?, ¿dónde está?, ¿quién lo administra?, ¿qué proyectos financia?, ¿cuáles son los mecanismos de supervisión?
Para Transparencia Venezuela, la falta de respuestas resulta particularmente preocupante porque se trata de recursos que pertenecen a todos los venezolanos.
Auditorías insuficientes y transparencia limitada
Otro aspecto discutido fue el papel de las auditorías internacionales.
Aunque se ha informado sobre la participación de firmas reconocidas en procesos de revisión financiera relacionados con Venezuela, De Freitas recordó que una auditoría no necesariamente implica transparencia pública.
Los informes suelen ser entregados al cliente que contrata el servicio y no siempre son divulgados íntegramente.
Por ello, insiste en que la publicación de auditorías debe ir acompañada de acceso a información detallada que permita a la ciudadanía comprender cómo se administran los recursos públicos.
La experiencia venezolana demuestra que la simple existencia de auditorías no garantiza una gestión transparente.
Una deuda gigantesca y poco transparente
La deuda pública venezolana fue otro de los puntos centrales de la conversación.
Transparencia Venezuela desarrolló investigaciones para determinar el tamaño real de las obligaciones financieras acumuladas por el país. Según los estudios citados por De Freitas, la deuda venezolana ronda actualmente los 170 mil millones de dólares, una cifra que continúa creciendo debido a los intereses acumulados durante años de incumplimiento.
Sin embargo, más allá del monto, la preocupación principal radica en la forma en que se está discutiendo una eventual reestructuración.
La directora de Transparencia Venezuela advirtió que cualquier proceso de renegociación debe desarrollarse bajo principios claros, públicos y verificables. También señaló que resulta indispensable realizar auditorías exhaustivas para determinar exactamente qué se debe, a quién se debe y bajo qué condiciones se originaron esas obligaciones.
Para ella, la sostenibilidad futura del país dependerá de alcanzar acuerdos equilibrados que permitan atender los compromisos financieros sin impedir el crecimiento económico y la recuperación institucional.
Recuperar el dinero robado será una tarea monumental
Uno de los temas más complejos es la recuperación de activos obtenidos mediante corrupción.
Aunque existen bienes congelados en distintas jurisdicciones internacionales, De Freitas explicó que recuperar esos recursos será un proceso largo y técnicamente complejo.
Muchas veces el dinero ilícito no permanece en cuentas bancarias, sino que ha sido transformado en propiedades, obras de arte, caballos de competencia, empresas o inversiones diversas.
Eso obliga a realizar procesos judiciales, tasaciones, ventas de activos y procedimientos de cooperación internacional que pueden tardar años.
Por esa razón, Transparencia Venezuela plantea la creación de una unidad especializada en recuperación de activos dentro de un futuro sistema judicial independiente.
La meta sería coordinar esfuerzos internacionales para identificar, congelar, administrar y eventualmente repatriar recursos obtenidos mediante corrupción.
Alex Saab y una red global
Lejos de considerar que el caso está cerrado, De Freitas cree que todavía queda mucho por conocer sobre la verdadera dimensión de la estructura empresarial construida alrededor del empresario colombiano.
Según investigaciones de Transparencia Venezuela, la red asociada a Saab estaría conformada por al menos 106 empresas distribuidas en 17 países.
La magnitud de esa estructura refleja el enorme grado de sofisticación alcanzado por algunos esquemas de corrupción vinculados al poder venezolano.
Para la investigadora, los procesos judiciales internacionales podrían seguir revelando información importante sobre la manera en que operaron esas redes y sobre los mecanismos utilizados para movilizar recursos a través de múltiples jurisdicciones.
Las víctimas de la corrupción tienen rostro
De Freitas insistió en que la corrupción tiene víctimas concretas. Tradicionalmente, los delitos de corrupción se han tratado como simples delitos financieros contra el Estado. Sin embargo, Transparencia Venezuela impulsa una visión distinta.
Cuando se roban recursos destinados a hospitales, los pacientes se convierten en víctimas.
Cuando desaparecen fondos para infraestructura eléctrica, los ciudadanos afectados por apagones son víctimas.
Cuando programas alimentarios son utilizados para enriquecimiento ilícito, las familias que reciben productos deficientes o insuficientes son víctimas.
Por eso la organización promueve que los sistemas internacionales de justicia y derechos humanos reconozcan formalmente a las víctimas de la corrupción.
Ese reconocimiento podría abrir espacios para procesos de reparación en el futuro.
El reto de reconstruir Venezuela
Más allá de denunciar irregularidades, De Freitas considera que Venezuela debe prepararse para una reconstrucción institucional profunda.
A su juicio, el cambio no puede limitarse a sustituir autoridades o realizar elecciones.
Será necesario reconstruir la independencia de los poderes públicos, establecer controles efectivos, profesionalizar las instituciones y crear mecanismos modernos de transparencia.
La piedra angular de esa transformación será el sistema judicial.
Sin jueces independientes, fiscales autónomos y organismos de control capaces de actuar sin presiones políticas, cualquier esfuerzo anticorrupción estará condenado al fracaso.
La directora de Transparencia Venezuela sostiene que el país dispone de talento, experiencia técnica y respaldo internacional suficiente para emprender ese proceso, pero advierte que requerirá coordinación, planificación y voluntad política.
Optimismo pese a los desafíos
A pesar del panorama complejo, Merchi mantiene una visión optimista.
Reconoce que la reconstrucción será difícil, larga y costosa, pero asegura que existe una enorme cantidad de venezolanos trabajando dentro y fuera del país para hacerla posible.
Desde organizaciones civiles hasta gremios profesionales, universidades, expertos internacionales y defensores de derechos humanos, múltiples sectores coinciden en la necesidad de construir instituciones legítimas y transparentes.
Para ella, el verdadero cambio comenzará cuando cada ciudadano asuma su responsabilidad dentro de ese proceso.
La lucha contra la corrupción no depende únicamente de fiscales, jueces o políticos. También requiere ciudadanos comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por las normas.
Ese, concluyó, será probablemente el desafío más difícil, pero también el más importante para el futuro de Venezuela.
Aquí puedes ver la entrevista completa en Spotify
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