Raquel Velásquez, esposa del teniente coronel Víctor Soto, denunció este jueves 3 de septiembre en Barinas, la prolongación ilegal de la privación de libertad del oficial, a pesar de haber cumplido su condena el pasado 9 de septiembre de 2025. Soto, procesado originalmente en marzo de 2018 por supuesta “traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar”, fue castigado con siete años y seis meses de prisión en el centro penitenciario de Ramo Verde.
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Lejos de otorgársele la excarcelación correspondiente al término de su pena, el militar fue trasladado mediante “engaño” el 3 de noviembre de 2025 y sometido a una condición de desaparición forzada e incomunicado hasta enero, cuando se notificó su confinamiento en el Fuerte Guaicaipuro. Su cónyuge detalló que tras 90 días de aislamiento ininterrumpido sin acceso a higiene básica ni alimentación adecuada, constató un severo deterioro físico durante una breve visita supervisada de 30 minutos concedida en marzo pasado.
Actualmente, el Ministerio Público imputa al teniente coronel un segundo expediente fundado en un “presunto motín” que nunca existió ni contó con evidencias probatorias.
Aunque el tribunal de la causa ordenó la excarcelación de nueve exmilitares el pasado 14 de agosto de 2026, Soto y otros tres oficiales siguen bajo detención arbitraria y sin fijación de la audiencia de juicio, en lo que constituye una evidente maniobra al margen del debido proceso.
