Las mujeres privadas de libertad en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Acarigua, estado Portuguesa, no reciben atención médica, de acuerdo con la información recibida en el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La situación resulta crítica para la población penal femenina de este centro de detención preventiva, donde permanecen 28 mujeres.
Entre los casos más graves destaca el de Karen Coromoto Chirinos Yépez, quien requiere atención médica urgente y especializada. Según el informe médico al cual tuvo acceso el OVP sufre diversas patologías que requieren medicación, entre ellas: ovario poliquístico, esplenitis viral dada trombocitopenia, endocrinopatía suprarrenal, lupus, entre otras.
El OVP conoció que los familiares han acudido a la Defensoría del Pueblo, en el estado Portuguesa, pero no reciben atención de las autoridades. Solicitan atención médica especializada y una ayuda humanitaria.
En las instalaciones de la DIP de Acarigua hay otras mujeres en delicado estado de salud. Entre los casos reportados se encuentra una privada de libertad que requiere una operación de vesícula sin haber recibido la orden de salida correspondiente, así como una joven que sufre de diabetes, hipertensión y retención de líquidos.
Las reclusas visten uniformes de mono y camisa rosada, mientras que los hombres usan uniforme amarillo. Ambos grupos se encuentran separados por una pared y una puerta, ubicándose el calabozo de las mujeres en la parte posterior del recinto.
El OVP no pudo tener acceso a la cantidad de hombres que se encuentran en estos calabozos.
Cobros a familiares
El ingreso de medicinas e insumos a estos calabozos presuntamente se ha convertido en un negocio donde se debe pagar por todo. Se conoció que los parientes pagan a los policías una causa de $20 semanal.
Mientras que el ingreso de ropa, medicinas u otro tipo de comidas, como pizzas o hamburguesas, cuestan $5 adicionales. Por otro lado, si los familiares quieren que su ser querido sea trasladado a los tribunales para las audiencias deben cancelar $10.
Presuntamente los cobros son gestionados por un privado de libertad con privilegios, un supuesto exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Mientras la población reclusa debe vestir de amarillo, en el caso de los hombres, y rosa, las mujeres, este encargado viste con pantalones de jean y ropa común.
Asimismo, para el ingreso de alimentos permitidos, los familiares deben entregarlos divididos en bolsas transparentes con un peso máximo de medio kilo por empaque.
Los cobros exigidos impiden a varias familias proveer la dieta requerida a las privadas de libertad con condiciones crónicas de salud.
Desde OVP hemos denunciado la grave situación de reclusión en los calabozos de Venezuela, los cuales se convirtieron prácticamente en cárceles a pesar de que la normativa venezolana prevé que estos sean espacios de detención preventiva, por un máximo de 48 horas.
En nuestro último informe anual de 2025 denunciamos, nuevamente, que dichos recintos son profundamente degradantes, que evidencian el colapso del sistema penitenciario y degradan los derechos humanos. Las personas privadas de libertad en los calabozos padecen el hacinamiento y la falta de ventilación, así como alimentación insuficiente y la carencia de servicios sanitarios básicos.
Ante esta grave situación de vulneración de derechos humanos el OVP exige a las autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo la intervención inmediata de la DIP de Acarigua, para garantizar atención médica especializada y el suministro de ayuda humanitaria a Karen Chirinos y al resto de las detenidas con patologías delicadas.
Asimismo, la organización defensora de los derechos humanos de las personas privadas de libertad insta al Ministerio Público a iniciar una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre la presunta red de extorsión y los cobros ilegales denunciados en este centro de detención preventiva, recordando que el Estado venezolano es el responsable constitucional de velar por la vida, la salud y la integridad física de toda persona bajo su custodia.
El OVP ha exigido reiteradamente a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que cumplan su misión de velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familiares. Estos organismos públicos han permitido que impere la impunidad solo por mantener sus cargos, alineados y subordinados a las directrices del gobierno de Delcy Rodríguez.
La organización seguirá denunciando y visibilizando las violaciones de derechos humanos y la complicidad de los organismos responsables de garantizar los derechos establecidos en nuestras normas internas y estándares internacionales.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
