El drama de 36 militares en Ramo Verde se agrava mientras el régimen guarda silencio

El drama de 36 militares en Ramo Verde se agrava mientras el régimen guarda silencio

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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este martes 17 de noviembre al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que se presenten “de inmediato” en Ramo Verde, donde 36 militares presos cumplen ocho días en huelga de hambre sin que representantes de esas instituciones ni diputados de la Asamblea Nacional hayan acudido a dialogar con ellos y escuchar sus peticiones.

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Según la ONG, esa visita debe servir para “constatar las condiciones de salud de los militares y garantizar la integridad física de estas personas, cuya custodia es responsabilidad exclusiva del Estado venezolano”. El llamado también fue dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a las que el OVP pidió pronunciarse sobre la protesta y “la grave vulneración de derechos denunciada”. Al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) le solicitó que acuda al penal “para brindar asistencia humanitaria y evaluar médicamente a los detenidos”.

La protesta comenzó la mañana del lunes 9 de noviembre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Los Teques, estado Miranda. De acuerdo con el OVP, los 36 militares exigen que se investiguen los procesos judiciales que consideran viciados y que se les otorgue el beneficio de la Ley de Amnistía, porque se sienten los menos favorecidos con las excarcelaciones.

Desde entonces, la salud de los huelguistas se ha deteriorado. El viernes 13, tras cuatro días sin comer, ocho de ellos se descompensaron y recibieron hidratación del servicio médico del penal, la mayoría sargentos de la causa de Cotiza, según reportaron sus familiares. Al día siguiente, el sargento Luis Alfredo Lobo Medina fue trasladado de emergencia al Hospital Militar; la ONG informó que es hipertenso y sufre de deficiencia respiratoria.

Los familiares denunciaron, además, que el general Luis Marcelo Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ordenó cerrar el portón que comunica la torre con el patio, con lo que los huelguistas quedaron sin acceso al agua potable ni a los baños, y lo responsabilizaron de cualquier daño que sufran los detenidos. Ese mismo viernes fueron suspendidas las visitas para los 235 privados de libertad de Ramo Verde, una medida que el OVP calificó de retaliación y que provocó un cacerolazo dentro del penal, seguido de rumores de traslados y de la llegada de funcionarios con equipos antimotines.

El reclamo por la ausencia de autoridades no es el primero. Ya el 13 de noviembre el observatorio había advertido que nadie se había presentado en la cárcel para conversar con los 36 militares, y recordó entonces que la integridad física de las personas privadas de libertad “es responsabilidad del régimen venezolano“, que debe escuchar las peticiones de los detenidos.

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