Desde finales de diciembre de 2025, el Hospital Padre Justo Pastor Arias en Rubio, municipio Junín en la frontera del Táchira, permanece en paro técnico debido a la inoperatividad de los ascensores. Igualmente, el Hospital Samuel Darío Maldonado de San Antonio, en el municipio Bolívar, no funcionan áreas necesarias y urgentes para los pacientes, según denunciaron representantes gremiales.
Por Luz Dary Depablos / lapatilla.com
A pesar de que el personal de salud del Hospital Padre Justo Pastor Arias consignó un informe técnico hace casi un mes ante las autoridades de Salud Colectiva y Redes de Corposalud (ente de la gobernación de Táchira), hasta la fecha no han emitido ninguna respuesta.
Por tanto, en el hospital de Rubio se mantienen clausurados los servicios de hospitalización, cirugía, pediatría y pabellones, limitando la atención médica únicamente a las áreas de emergencia.
Cabe destacar que la restricción de acceso por los ascensores dañados obligó a mudar la sala de parto al espacio que antes ocupaba el área Covid.
Roberto Duque, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del estado Táchira, denunció que el servicio de rayos X suma dos años fuera de servicio, obviando que existe un comité de salud que genera ingresos propios desde hace un año y que pudo financiar estas reparaciones.
Por otra parte, en el caso de San Antonio, la situación estructural es más grave, con un deterioro físico acumulado de más de 14 años, al parecer por el colapso en unos sistemas de drenaje que no han sido reparados, dijo Duque.
Además, resaltó que el 70 % de los profesionales de la salud que residen en estos municipios fronterizos se ven obligados a cruzar la frontera hacia Norte de Santander (Colombia) para recibir asistencia médica y adquirir insumos que desde hace más de 20 años no reciben en Venezuela.
Asimismo, Daniel Lizcano, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Táchira, enfatizó que en el Hospital Central de San Cristóbal por ser tipo 4, debería contar con 1.320 enfermeros, pero debido al déficit solo cuenta con 692 profesionales que, además, laboran en otros centros de salud.
Lizcano calificó la situación como una muestra de negligencia y desidia oficial, exigiendo a las autoridades nacionales y regionales detener la discriminación laboral que somete al gremio a una constante angustia mental.
