Mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se tomaba cinco días de descanso para rumiar si dimitía o no tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias, desde la cúpula de Ferraz empezaba a diseñarse una presunta organización criminal liderada por entonces su mano derecha en el PSOE, Santos Cerdán, con una misión clara: «desestabilizar de forma sistemática y continuada» los procedimientos judiciales que cercan al PSOE y al entorno directo del presidente.
Por Antonio R. Vega | ABC
Según apunta Santiago Pedraz, juez instructor de la Audiencia Nacional, en el epicentro de esta red, bautizada como el ‘caso Leire’, en referencia a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, emerge una figura clave que conecta la política con las fuerzas de seguridad del Estado: Juan Sánchez Yepes. Este guardia civil que formó parte de la Unidad Central Operativa (UCO), según detalla el magistrado, recibió pagos directos del partido para dinamitar las investigaciones comprometedoras para el PSOE y su líder.
En un auto conocido este miércoles, el juez cree que Sánchez Yepes, investigado por la trama de los hidrocarburos, reveló secretos que afectaban a su antigua unidad y colaboró para «impulsar sospechas ante la directora de la Guardia Civil».
Precisamente, antiguos compañeros de Sánchez Yepes en la UCO han entrado este miércoles a primera hora de la mañana en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, por orden del juez, para requerir al Partido Socialista diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de esta investigación de supuestos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.
El papel de Juan Sánchez Yepes resulta fundamental en la arquitectura de la trama. El juez Pedraz señala que su actuación tiene relevancia penal y aprecia en ella supuestos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. Este agente, que formó parte del estratégico grupo antiblanqueo de la propia UCO, habría cruzado presuntamente la línea roja para poner sus conocimientos y contactos al servicio de los investigados. El auto es tajante al señalar que Sánchez Yepes «también factura sus servicios al PSOE». Pedraz le achaca los mismos delitos que a otras piezas clave del entramado, investigándolo además en una pieza separada por su relación con el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos (el caso Gaslow), donde operaba junto a Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, conseguidor de la ‘trama Koldo’.
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