En el ejercicio permanente de mi labor como defensora de derechos humanos y acompañando de cerca las realidades que enfrentan las familias monaguenses, denuncio públicamente la grave situación que atraviesa nuestro estado como consecuencia de las reiteradas fallas en el servicio eléctrico, una problemática que está impactando de manera directa el disfrute y garantía de derechos humanos fundamentales.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 19, establece la obligación del Estado de garantizar a todas las personas el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, sin discriminación alguna. Sin embargo, la realidad que viven diariamente los ciudadanos de Monagas demuestra una preocupante vulneración de estos principios.
Los constantes apagones y fluctuaciones eléctricas afectan severamente el derecho a la salud. Hospitales, ambulatorios y centros de atención médica enfrentan dificultades para garantizar sus servicios, mientras que medicamentos y tratamientos que requieren refrigeración corren el riesgo de perder su efectividad. Asimismo, la interrupción del suministro eléctrico afecta el acceso al agua potable, comprometiendo las condiciones sanitarias y poniendo en riesgo la vida y el bienestar de la población.
De igual manera, esta crisis impacta el derecho a una vida digna y al acceso adecuado a los servicios públicos. Miles de familias enfrentan dificultades para conservar alimentos, preparar comidas, mantener la higiene del hogar y cumplir con condiciones básicas de salubridad. Son situaciones que deterioran significativamente la calidad de vida de los monaguenses.
En el ámbito educativo, los niños, niñas y adolescentes también resultan perjudicados. Las prolongadas interrupciones del servicio eléctrico dificultan el desarrollo de las actividades escolares y limitan las condiciones necesarias para el estudio y el aprendizaje, afectando así el derecho a la educación.
Como defensora de derechos humanos, he podido constatar además el impacto emocional y psicológico que esta situación genera en la población. La incertidumbre constante, el estrés, la ansiedad y las dificultades para descansar debido a las altas temperaturas afectan la salud mental y el derecho a la integridad personal de los ciudadanos.
Las consecuencias también alcanzan la esfera económica y laboral. Comercios, emprendedores, trabajadores y empresas enfrentan pérdidas derivadas de los cortes eléctricos, mientras que numerosas familias han visto afectados sus patrimonios por los daños ocasionados a electrodomésticos y equipos esenciales.
Es importante recordar que estos derechos no solo están protegidos por nuestra Constitución, sino también por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado venezolano.
Desde mi espacio de defensa y promoción de los derechos humanos en el estado Monagas, hago un llamado a las autoridades competentes para que atiendan con responsabilidad, urgencia y transparencia esta problemática que afecta a miles de ciudadanos. Garantizar servicios públicos eficientes no es un privilegio, sino una obligación estatal y una condición indispensable para el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Los monaguenses merecen vivir con dignidad, seguridad y bienestar, disfrutando plenamente de sus derechos fundamentales y de condiciones de vida acordes con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
