Los inversores internacionales siguen mostrándose reticentes a firmar acuerdos en Venezuela, incluso después de que el Palacio Federal Legislativo haya promulgado reformas favorables a las empresas respaldadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informaron a Reuters una docena de fuentes con conocimiento de las deliberaciones sobre inversiones del sector privado.
Los esfuerzos de Venezuela por atraer inversión extranjera en sectores tan diversos como el petrolero, el marítimo y la producción farmacéutica y química se han visto frustrados, ya que los inversores siguen mostrándose recelosos ante el sistema jurídico. Seis inversores y seis miembros de empresas de asesoría afirmaron que los posibles acuerdos se han estancado debido a la incertidumbre sobre la resolución de disputas, la independencia judicial, las expropiaciones del pasado, el arbitraje y los controles de divisas.
Tres de los inversores ya operan en Venezuela, y el resto está barajando oportunidades en el transporte marítimo y los productos químicos.
«En este momento no existe seguridad jurídica», afirmó un abogado de una firma de asesoría que pidió no ser identificado por motivos de seguridad. «Sigue habiendo riesgos para las empresas».
Muchos inversores también se muestran preocupados por el mal estado de los puertos, las redes eléctricas, el suministro de agua y otras infraestructuras de Venezuela, tras años de falta de inversión bajo el régimen de Nicolás Maduro, capturado por Washington en enero.
«Los retos a los que nos enfrentamos ahora mismo no tienen tanto que ver con la legislación como con la logística de hacer negocios en Venezuela», afirmó Jesse Cole, presidente de Sky Drop Capital. La evaluación realizada por su empresa en el puerto de Guanta reveló una falta de refrigeración, un suministro eléctrico inestable, escasez de agua y la ausencia de servicios fiables de transporte pesado.
«Muchas empresas se encuentran en una fase de exploración, evaluando si realmente pueden hacer negocios», señaló Esteban Elías, director para Latinoamérica del bufete de abogados Leech Tishman. Afirmó que el historial del país en materia de expropiación de activos extranjeros era motivo de especial preocupación.
«Existe la preocupación de que, si (las expropiaciones) ocurrieron antes, podrían volver a ocurrir», añadió, aunque reconoció que la participación de EEUU es un factor positivo.
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