En un encuentro unitario, la coalición de trabajadores, movimientos gremiales y sociales de Ciudad Guayana, que agrupa a 32 organizaciones, anunció el inicio de una agenda de movilización y lucha de calle. El objetivo central de esta acción es exigir la publicación inmediata de un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres y transparentes en el país.
Por lapatilla.com
Ramón Gómez, secretario general del sindicato Sunep-CVG y coordinador adjunto de la ITG, destacó que la vía electoral representa la única alternativa institucional para superar la severa crisis que atraviesa Venezuela.
Gómez enfatizó que el proceso debe contemplar la legitimación estructural de todas las autoridades, comenzando por la presidencia de la República, así como los cargos regionales y municipales.
Para difundir este mensaje, el dirigente anunció que visitarán los portones de las empresas básicas y las comunidades, involucrando a la sociedad civil, estudiantes y amas de casa.
Por su parte, David Torres, exsecretario de Organización del sindicato Sutra-Alúmina Bolívar, resaltó el valor simbólico de la manifestación realizada en el elevado de Alcasa, un sitio emblemático de históricas luchas laborales.
Torres denunció las precarias condiciones salariales y la devaluación del ingreso que afecta a la población, señalando que las medidas gubernamentales han profundizado la “situación de hambre, miseria y destrucción”. Asimismo, informó que esta jornada de protesta se ejecutó de manera simultánea con acciones frente a la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el estado Bolívar.
Finalmente, Fernando Serrano, secretario de Trabajo y Reclamo de CVG Bauxilum, precisó que esta asamblea informativa marca el comienzo de una ruta que se intensificará en los próximos días, teniendo como fecha clave el 3 de julio, momento en el que consideran que expira un lapso constitucional relevante.
Serrano hizo un llamado a la alta gerencia de las empresas básicas y a la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para frenar lo que catalogó como “jubilaciones forzosas” con montos insuficientes, las cuales despojan a trabajadores con hasta 40 años de servicio de sus beneficios contractuales.
Los voceros coincidieron en que el retorno a la democracia permitirá restablecer el orden jurídico, rescatar los contratos colectivos y reactivar la productividad de las industrias de la región.
