La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, solicitó el miércoles 11 de noviembre al Congreso de EEUU restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, haitianos, hondureños y nicaragüenses, mediante una intervención legislativa que evite nuevas deportaciones y pérdidas de autorizaciones laborales tras las cancelaciones impulsadas por la administración de Donald Trump.
lapatilla.com
La petición fue presentada mediante una carta fechada el 10 de noviembre y dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al líder republicano del Senado, John Thune; y a los dirigentes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer. La correspondencia también fue remitida a la delegación congresional de Florida.
En una publicación difundida en su cuenta de X, la funcionaria vinculó su solicitud con los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas lograron importantes avances frente al Partido Republicano. “Las elecciones de la semana pasada enviaron un mensaje claro. Los estadounidenses quieren que se ponga fin a las políticas migratorias que separan a las familias y que se tome un rumbo diferente”, expresó.
Last week’s elections sent a clear message. Americans want an end to immigration policies that tear families apart and a different path forward. Congress has an opportunity to come together and act.
I’m urging congressional leaders to reinstate Temporary Protected Status for families who have built their lives here, raised their children here, and become part of the fabric of Miami-Dade.
Our families cannot wait, and neither should Congress.
Read the full letter here.
— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) November 11, 2026
La alcaldesa planteó tres acciones: recuperar por ley las designaciones canceladas mientras persistan condiciones que impidan retornos seguros, mantener las autorizaciones laborales de los beneficiarios actuales y recientes, y fortalecer los mecanismos judiciales y parlamentarios de revisión de las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas propuestas requerirían la aprobación de legislación federal y no modifican por sí mismas la situación migratoria de los afectados.
Como parte de sus argumentos, Levine Cava recordó la cantidad de residentes del sur de Florida que dependen de su trabajo para sostener a sus familias. “En nombre de los 2,7 millones de residentes del condado de Miami-Dade, les escribo para instarlos a actuar rápidamente —en esta sesión, no en la próxima— para restablecer el Estatus de Protección Temporal”, señaló en el documento, cuyo contenido también fue recogido por Diario Las Américas.
La iniciativa se produce en un momento particularmente complejo para los venezolanos amparados por el programa. El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el 3 de noviembre una suspensión administrativa de 14 días vinculada con el litigio National TPS Alliance v. Mullin, después de que la Corte Suprema devolviera el expediente para una nueva evaluación. La medida mantuvo temporalmente paralizada la posibilidad de restablecer las protecciones discutidas en ese proceso, sin resolver todavía el fondo de la controversia.
La alcaldesa también respaldó el proyecto H.R. 9944, denominado Temporary Protected Status Review Act, presentado el 23 de julio por la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz. Según el texto oficial registrado ante el Congreso, la propuesta busca modificar las reglas de revisión judicial de las decisiones que terminan las designaciones de TPS. La iniciativa continúa en trámite legislativo y no ha sido aprobada como ley.
De acuerdo con las cifras incluidas en la carta, a comienzos de 2025 existían designaciones de TPS para ciudadanos de 17 países, con aproximadamente 1,4 millones de beneficiarios. Levine Cava sostuvo que desde entonces se han terminado 13 designaciones, con repercusiones para más de 1,1 millones de inmigrantes, cifras que presentó para dimensionar el alcance de los cambios migratorios.
El reclamo también tiene antecedentes en el propio condado. El pasado 22 de julio, la administración de Miami-Dade reunió a representantes empresariales, sindicales y del sector sanitario para advertir sobre las consecuencias económicas de la terminación del TPS para ciudadanos haitianos. En aquella oportunidad, un comunicado oficial del condado señaló que decenas de miles de residentes del sur de Florida podían resultar afectados, especialmente en actividades relacionadas con la salud, la hotelería y los servicios.
Finalmente, Levine Cava insistió en que las decisiones migratorias no deberían quedar subordinadas a nuevos procesos electorales o a la resolución de litigios prolongados. “Nuestras familias no pueden esperar, y el Congreso tampoco debería hacerlo”, concluyó en su carta.
