El traslado de al menos 931 reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), luego del motín registrado el paso pasado domingo 24 de mayo, “no resuelve la crisis carcelaria, sino que la agrava”, según advirtió Humberto Prado, director ejecutivo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Por María Iriarte | Radio Fe y Alegría Noticias
El activista gremial cuestionó que las autoridades respondan a este tipo de situaciones trasladando a los privados de libertad a otros centros penitenciarios donde ya hay hacinamiento y alejándolos de sus familias y tribunales.
“Prefieren atacar la emergencia, pero no el problema estructural”, dijo.
Asimismo, alertó sobre las consecuencias que estos traslados generan para los familiares de los detenidos, quienes muchas veces no cuentan con recursos económicos para desplazarse a otros estados del país.
Prado explicó que los privados de libertad tomaron las instalaciones del Injuba para protestar por presuntos maltratos, torturas y requisas violentas atribuidas al nuevo director del recinto, según denuncias recibidas por el OVP.
Añadió que la situación empeoró luego de que se suspendieran las visitas y prohibieran el ingreso de alimentos para los reclusos.
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