Fresa, mantecado y chocolate. Esos son los tres sabores básicos que ofrece la maestra Gypsy Murillo desde su casa en La Cumaca, municipio San Diego, para llevar el pan a la mesa que comparte con sus dos hijas adolescentes.
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A veces, cuando la jornada es lenta y el negocio no prospera, se pasa las horas recordando ese día de 2003, cuando ganó el concurso para ser docente titular en la Unidad Educativa Ricardo Urriera. Allí conoció que la magia habita en las aulas de clases atiborradas de niños, en la etapa cumbre de la curiosidad.
Murillo tiene 51 años y pasó los primeros nueve años de su vida en San Cristóbal, Táchira. Terminó de crecer en Carabobo y siempre supo que quería enseñar. Estudió Educación y ejerció durante más de 20 años, aunque con algunos periodos interrumpidos por problemas de salud.
Primero fue la aparición de un pequeño tumor en su hipófisis. El Instituto Nacional de Seguros Sociales admitió su reposo. Luego, quedó encinta y los doctores advirtieron que se trataba de un embarazo de alto riesgo, una situación que se repitió con su segunda hija. “Me dieron todos mis reposos y después de los permisos postparto me reintegré sin complicaciones”.
Ella sabía que no era sencillo criar a dos niñas trabajando a 27,6 kilómetros de distancia de su hogar. A las 5:30 de la mañana estaba en la parada de autobuses. “A veces agarraba cuatro camionetas. Una hasta El Remanso, de allí otra hasta el Big Low, después hasta el puente El Boquete y finalmente la de Ricardo Urriera”.
Al mediodía salía del colegio y en el trayecto de regreso sumaba ocho unidades de transporte por día: 40 a la semana. A las 3:30 de la tarde abría la puerta de su casa. “Todas las veces que solicité el traslado de plantel, me lo negaron. Pero igual yo iba a la escuela porque uno tiene un sentido de responsabilidad y una vocación muy grande”.
Salud mental quebrada por la violencia
Durante una década y media, a bordo de un autobús, Murillo no solo evidenció la decadencia de un país, sino que la experimentó.
La crisis económica y política tomaba fuerza en 2017 y su esposo se fue del país para formar parte de los 7,9 millones de migrantes venezolanos que registró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Meses después, la muerte de su madre la dejó con un sentimiento ineludible de soledad.
La separación familiar no fue lo único que cambió su rutina. Afuera, en la calle, la delincuencia no daba tregua y perdió la cuenta de las veces que la robaron en el autobús, de camino a la escuela. “Evitaba agarrar los de Tocuyito porque esos los vivían secuestrando. A veces eran los carteristas quienes nos sacaban los teléfonos, pero en otras ocasiones fue a mano armada”.
Los trayectos marcados por la inseguridad alcanzaron la cúspide de la violencia en 2018.
Murillo bajaba de una camioneta en la avenida Lara de Valencia, donde tenía que hacer trasbordo para San Diego. No supo de dónde apareció el hombre con un pico de botella en la mano. Lo clavó en el estómago del señor que iba enfrente de ella. Tampoco entendió las razones.
Recuerda algunas imágenes: el cuerpo herido que se derrumbó sobre ella en medio de gritos. Las miradas aterrorizadas de los pasajeros. Su camisa teñida de sangre. Y el silencio que la acompañó de vuelta a casa. Estaba en shock.
Un psiquiatra del Ivss le diagnosticó un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Luego tuvo otro episodio depresivo. En ese periodo le recetó quetiapina, alprazolam y sertralina.
Sin justificación
Cuando intentaba rescatar la estabilidad de su salud mental, llegó la pandemia por Covid-19. El virus casi la despide de este plano. “Estuve a punto de morir. Me dio muy fuerte y permanecí en recuperación alrededor de nueve meses”.
Al regresar a la escuela, se enteró de que la habían sacado de la nómina sin previo aviso.
Murillo ahora pasaba a engrosar la lista de cientos de maestros en Carabobo que han sufrido despidos indirectos. “Me abrieron un expediente administrativo, pero no hubo amonestaciones orales ni escritas. Me violentaron mis derechos porque nunca vi el expediente ni supe lo que decía de mí”.
Desde entonces, ha presentado reclamos ante la Zona Educativa y a los directivos del plantel, pero nadie le ha dado respuesta.
Con la esperanza de encontrar una solución, compartió su caso con distintos sindicatos regionales que están recolectando una data para enviarla a la Defensoría del Pueblo. “En el momento que lo hice, la propia encargada de Recursos Humanos del colegio me dijo que ni siquiera ella sabía que me habían botado”.
Despidos masivos
Rubén Darío Pérez, abogado y asesor legal de la Fundación de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), calificó de “terrorismo laboral” las destituciones y suspensiones de sueldos sin procesos administrativos o disciplinarios. “Esto es violatorio del debido proceso que está en la Constitución y puede convertirse en un delito de lesa humanidad. Es acoso laboral contra profesionales que no fueron a la universidad a sacar el título de una caja de cartón”.
Explicó que los procedimientos se originan en la dirección de los planteles y que revisarán todas las denuncias que han recibido. “Estos casos los vamos a llevar hasta la última instancia y, si es posible, vamos a demandar a los funcionarios, empezando por los directores”.
El jurista lamentó la debacle del sistema educativo y denunció que por falta de concursos, hay representantes de instituciones que son docentes interinos, contratados para suplir una vacante de docente titular en el aula. “Los contratan y los ponen en el cargo de director sin tener credenciales. Hay casos de personas que no tienen títulos de docentes”.
Avisó que existe un caso particular en una escuela de Naguanagua donde presuntamente designaron como directora a una miembro del Consejo Comunal que no se formó en educación.
Control de la disidencia política
A juicio del abogado, se trata de fichas políticas impuestas por las autoridades educativas para mantener conteos sobre los educadores. “Estas personas que no están calificadas ejercen acoso laboral y se convierten en los ‘lleva y trae’ de todo lo que hace el trabajador”.
Pérez vislumbró una luz al final del túnel. Aseguró que desde el 3 de enero de este año, tras la captura de Nicolás Maduro, los directivos dejaron de hacer listas de identificación de la disidencia política.
Detalló que eran prácticas violatorias del artículo 21 de la Constitución, donde se estipulan principios de igualdad y no discriminación. “También violaban lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación que establece que en los planteles no se debe inmiscuir nada de carácter político. Los profesores pueden hacer política, pero fuera de la institución”.
El sueño de volver
Mientras espera que la Defensoría del Pueblo intervenga en su caso, Gypsy Murillo conserva la ilusión de regresar al salón de clases para enseñar a leer, escribir y contar a las nuevas generaciones. Y que la venta de helados deje de ser su principal ingreso.
Aunque las autoridades le prometieron el reenganche para inicios del próximo periodo escolar, le dijeron que sería como profesor interino. “A mí no me pusieron a dedo ni vengo de ninguna misión. Si ellos dicen que hay posibilidad de reenganche, es porque me botaron. ¿Entonces dónde está ese escrito?”, inquirió.
La maestra considera que regresar a las aulas pudiera, incluso, ayudarla a llevar mejor sus niveles de ansiedad y sus crisis nerviosas. “Ellos me quitaron todo, pero yo siento que ese amor por lo que me gusta y ese contacto con los niños me puede hacer bien. No este encierro”.
